Cambios de zonificación y la creación de Juntas de Planificación municipales encargadas de elaborar los planes de desarrollo urbano son parte de las novedades de la ley de ordenamiento territorial recién aprobada.
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No. 12, que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, con el cual la ciudadanía, mediante consulta pública, tendrá carácter vinculante en la planeación urbanística.
El proyecto, presentado por el diputado Iván Picota, fue fusionado con el 113 propuesto por la diputada Ana Matilde Gómez, cuyo propósito es mejorar su redacción y realizar adecuaciones para su mejor aplicación.
Según la diputada Ana Matilde Gómez, el proyecto es conveniente porque la ciudad tiene un crecimiento no planificado y un desarrollo urbanístico tan alto que ha bajado la calidad de vida de un gran número de ciudadanos, lo cual es uno de los problemas más grandes que enfrenta el área metropolitana.
Explicó que existe un desenfreno en el desarrollo urbanístico relacionado con los cambios de zonificación, los cuales son el resultado de la relación mercantilista y depredadora de la ciudad. “Por tanto, aunque este proyecto no resuelve todo el problema, sí se toma en consideración un elemento importante porque vincula la participación ciudadana”, afirmó.
En su articulado, el proyecto ordena en cada municipio el establecimiento de una Junta de Planificación, la cual tomará posesión ante la autoridad urbanística local, que será la encargada de participar en la elaboración, ejecución y modificación de los planes de ordenamiento territorial.
De igual forma, se incluyen en esta medida los cambios de zonificación o de uso de suelo y estará conformada por el director de la Unidad Administrativa de Planificación y Ordenamiento Territorial de Comuna representado por el ingeniero municipal o el director de obras y construcciones.
También, la Junta de Planificación Municipal estará integrada por dos representantes de la sociedad civil designados por el pleno del Consejo Municipal, un arquitecto de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y un profesional idóneo de la arquitectura que posea estudios o experiencia en desarrollo urbanístico.
Para el diputado Iván Picota, mediante esta norma, el ministro de Vivienda podrá contar con un grupo de personas que aportarán la documentación y conocimientos necesarios para que se hagan los cambios de zonificación con datos exactos proporcionados por el alcalde y los representantes de corregimientos.
Fuente: centralamericadata.com
