El Fondo de Inversiones Hoteleras, administrado por LarrainVial Administradora General de Fondos (AGF), suscribió ayer un contrato de compraventa para la adquisición de los hoteles Sheraton y San Cristóbal Tower. De acuerdo con un hecho esencial enviado por la firma a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el valor acordado para la transacción ascendió a US$ 75,7 millones.
A esa cifra se sumará un monto por hasta US$ 19,5 millones, correspondiente a la remodelación de 386 habitaciones. “El precio podrá ser objeto de ciertos ajustes a la fecha de cierre”, señaló el documento, agregando que los vendedores son las “entidades extranjeras denominadas Host CLP Business Trust, Host CLP LLC y RHP Foreign Lessee LLC”.
Asimismo, indicó que la materialización de la operación está sujeta al cumplimiento de algunas condiciones, las que deberán encontrarse “cumplidas o renunciadas, según corresponda”, antes del 29 de julio de 2016.
Entre esas condiciones está la aprobación que tendrá que dar el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC), entidad que evalúa si el negocio infringe o no las disposiciones de libre competencia vigentes en el país. Esto, luego que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició en octubre una investigación respecto de esta compra.
El persecutor informó en esa ocasión que, en una resolución de 2013, cuando se investigó la compra por parte del mismo grupo LarraínVial de los hoteles Intercontinental, Ritz Carlton y Crowne Plaza, se facultó a la Fiscalía de iniciar una indagatoria “frente a un cambio en las circunstancias actuales o nuevos antecedentes ante operaciones de concentraciones futuras”.
Argumentó también que, considerando que los hoteles del fondo administrado por LarrainVial y los hoteles Sheraton y San Cristóbal Tower – estos dos son operados por la cadena Starwood- son “actores relevantes del mercado de hoteles de lujo”.
Con todo, el hecho esencial precisó que “una vez cumplido lo anterior, se procederá en los términos convenidos en el referido contrato”; es decir, con el traspaso de los derechos sociales y el pago del precio correspondiente.
